Xalapa, Ver., miércoles 18 de junio de 2025. — A diez días de haberse declarado en huelga de hambre, Juan Ricardo Ordóñez Jerez, originario de Coatzacoalcos, continúa su protesta pacífica en la Plaza Lerdo de Xalapa, exigiendo protección oficial tras denunciar amenazas de muerte derivadas de un presunto fraude en la compra de terrenos.
Instalado frente al Palacio de Gobierno, Ordóñez ha reiterado su exigencia de ser atendido personalmente por la gobernadora Rocío Nahle. A su lado, una manta advierte la gravedad de su situación: solicita ayuda urgente para salvaguardar su vida y la de su familia, luego de haber sido blanco de presuntas represalias por haber denunciado un esquema de venta irregular de terrenos en la colonia Almendros de Coatzacoalcos.
El ciudadano asegura haber sido víctima de una red presuntamente ligada a altos funcionarios de la Fiscalía General del Estado y al exdiputado Gonzalo Guízar Valladares. Según sus declaraciones, adquirió dos predios por cerca de medio millón de pesos cada uno, sin saber que estaban en litigio y protegidos por un amparo. “Me vendieron terrenos que ya estaban peleados legalmente. Cuando denuncié el caso, comenzó el hostigamiento”, afirma.
Desde enero de 2022, Ordóñez presentó una denuncia que, asegura, ha sido bloqueada sistemáticamente. “En estos años me han cambiado 12 fiscales, 5 jueces y 5 asesores jurídicos. Me han desaparecido pruebas, todo para proteger a los responsables, que son parientes de los fiscales Erick López Guízar y Erick Rivera Sánchez”, denunció.
Las represalias, sostiene, no tardaron en llegar. Relata que hace pocos días, mientras paseaba a sus perros, fue interceptado por dos sujetos que lo amenazaron de muerte. “Me dijeron que me iban a desaparecer si no dejaba el caso. Desde entonces vivo con miedo”, confiesa.
A pesar de las dificultades médicas que enfrenta —problemas renales, una hernia que le impide laborar, y una esposa con una cirugía pendiente— Juan Ricardo ha mantenido su protesta sin ingerir alimentos durante diez días. Como medida precautoria, paramédicos acuden regularmente a verificar sus signos vitales, ante el deterioro visible de su estado de salud.
Autoridades estatales han intentado acercarse a él para ofrecerle algunas respuestas, sin embargo, Ordóñez sostiene que ninguna ha sido convincente ni le garantiza seguridad real. “Me dicen que tomarán cartas en el asunto, pero no hay compromisos claros ni documentos oficiales que me den garantías. Ya no confío en palabras”.
El denunciante señala a personas identificadas como José, Yair, Rebeca, Carlos Octavio y Juan Manuel como los operadores del presunto fraude, quienes, según él, han afectado a más de cien personas. Solo tres víctimas interpusieron denuncias formales, pero —asegura— él ha sido especialmente perseguido.
Indignado, cuestiona la falta de equidad en la atención gubernamental: “A los candidatos les dan escoltas, a mí me ignoran. ¿Dónde está el valor de la vida humana para este gobierno?”
Juan Ricardo Ordóñez advirtió que no se retirará del lugar ni levantará su huelga de hambre hasta recibir un documento firmado por las autoridades que le garantice protección efectiva. Mientras tanto, su protesta persiste como un grito de auxilio en el corazón político de Veracruz
