Río Blanco, Ver. lunes 23 de junio de 2025.— Un grupo de ciudadanos encabezados por el abogado César Lanzagorta Pla denunció este lunes un intento violento de desalojo en un predio donde se encuentra una alberca, ubicada en este municipio, y que actualmente se encuentra en disputa legal con la familia Reyes Larios.
De acuerdo con el abogado, un grupo presuntamente enviado por la parte contraria ingresó al sitio con el respaldo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lo que derivó en un enfrentamiento verbal y empujones hacia personas de la tercera edad que custodiaban el inmueble.
“Empujaron a dos de nuestros compañeros de 70 y 71 años, que solo estaban vigilando el lugar. No los golpearon, pero los sacaron con violencia. La Policía Estatal no intervino en nuestra defensa; por el contrario, se les vio conviviendo con los agresores en la entrada, incluso tomando cerveza”, declaró Lanzagorta.
Los afectados también denunciaron que durante el desalojo fueron sustraídos objetos de valor, herramientas como taladros, dinero en efectivo y otros artículos almacenados en una caja. Estiman que las pérdidas ascienden a entre 100 mil y 200 mil pesos. La patrulla identificada como PRB-001 habría estado presente durante los hechos.
“Nos pidieron las escrituras, las mostramos. Sin embargo, nunca se solicitó documentación a los otros, y la Policía se retiró sin cuestionarlos. ¿Con qué seguridad contamos los ciudadanos si la autoridad protege a quienes actúan al margen de la ley?”, reprochó el abogado.
Lanzagorta explicó que el conflicto por la propiedad de la alberca data de varios años. Señaló que la parte adversaria solo cuenta con un contrato de compraventa sin validez registral, presuntamente emitido por un particular, Jorge Flores.
“Ellos no tienen escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad. Nosotros sí contamos con la documentación original, por eso tomamos posesión del predio hace ocho años, cuando estaba abandonado”, afirmó.
Los afectados anunciaron que presentarán este martes una denuncia ante la Fiscalía por robo y agresiones. Además, hicieron un llamado a las autoridades estatales, incluida la gobernadora, para que se garantice el respeto al Estado de Derecho y se proteja a los legítimos propietarios.
“No nos oponemos al diálogo ni a un proceso legal. Si acreditan que son los propietarios, entregaremos las llaves. Pero no pueden seguir hostigando a la gente ni recurrir a la violencia. La ciudadanía ya está harta de este tipo de abusos”, concluyó.
Por: R.C. Noticias Grupo Radio
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